Hay una pregunta que debería hacerse antes de diseñar cualquier proceso de gobernanza participativa: ¿cuánta confianza mínima necesitan las personas para poder decidir juntas?

No es una pregunta retórica. Es la que más veces hemos visto que nadie hace.

Se diseña el proceso. Se convoca a los actores. Se define la metodología. Se prepara el espacio. Y entonces ocurre algo que no estaba en el plan: la gente no se fía. No de la institución que convoca, no del técnico que facilita, no de los vecinos que tienen al lado. Y sin confianza, la deliberación se convierte en performance.

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El problema es que la confianza no se convoca. No aparece porque hayas puesto sillas en círculo o porque el cartel diga «proceso participativo». Se construye despacio, con tiempo, con pequeñas experiencias compartidas que demuestran que lo que se dice aquí importa y que nadie va a usar tu palabra en tu contra.

En los territorios rurales ese proceso es especialmente complejo. Donde todo el mundo se conoce, participar en un foro público tiene un coste social que en una ciudad no existe. El riesgo de señalamiento, el miedo al juicio del vecino, la memoria larga de lo que pasó la última vez que alguien levantó la mano. Todo eso está en la sala, aunque nadie lo nombre.

Y luego está la otra confianza: la que tiene que ver con el poder. ¿Para qué voy a participar si la decisión ya está tomada? ¿Para qué voy a hablar si quien tiene autoridad aquí no me va a escuchar de verdad? Esa desconfianza —la que apunta a las estructuras, no a las personas— es quizás la más difícil de resolver. Porque no se cura con mejor facilitación. Se cura cuando la participación produce consecuencias reales.

Cuando algo cambia porque la gente habló.

La pregunta que nos falta hacernos no es cómo conseguir que la gente participe. Es qué tendría que pasar para que confiar mereciera la pena.
Y esa pregunta, en la mayoría de los procesos que conocemos, nadie la hace antes de empezar.

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